Una señal de alerta recorre hoy a la industria musical chilena. Lo que en principio fue presentado como un ambicioso paquete económico bajo el nombre de “Proyecto de Reconstrucción Nacional”, impulsado por el gobierno liderado por José Antonio Kast, ha encendido una de las controversias más profundas en materia cultural de los últimos años.

Aunque la iniciativa apunta a dinamizar la economía, con medidas tributarias, incentivos a la inversión y foco en regiones como Valparaíso, Ñuble y Biobío, es un punto específico el que ha generado un rechazo transversal entre músicos, compositores y titulares de derechos: la modificación a la Ley N° 17.336 mediante la incorporación del artículo 71 T.

El texto es claro (y para muchos, inquietante). La propuesta permitiría el uso, reproducción, adaptación e incluso comunicación pública de obras protegidas sin autorización ni pago, siempre que estas sean utilizadas para procesos de análisis de datos, como el entrenamiento de inteligencia artificial a través de minería de datos (TDM).

En otras palabras: canciones, grabaciones, composiciones y catálogos completos podrían ser utilizados por sistemas de IA sin que sus autores reciban compensación alguna.

Desde la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, la reacción no se hizo esperar. El organismo ha cuestionado duramente la medida, acusando que deja a los creadores en una posición de extrema vulnerabilidad frente a grandes empresas tecnológicas, que serían, en la práctica, las principales beneficiadas.

La discusión no es menor. En un contexto donde la inteligencia artificial ya está transformando la creación musical, este tipo de normativas redefine los límites entre innovación y derechos fundamentales. Para muchos actores del sector, el artículo 71 T no solo desprotege el trabajo creativo, sino que instala un precedente peligroso: legitimar el uso masivo de obras sin consentimiento bajo el argumento del desarrollo tecnológico.

Más allá del tecnicismo legal, la pregunta que queda flotando en el ambiente es incómoda, pero inevitable: ¿puede una ley pensada para reconstruir el país avanzar a costa de quienes crean su identidad cultural?

La polémica recién comienza, pero el ruido ya es ensordecedor. En la industria musical chilena, el mensaje es claro: esto no es solo un ajuste legal, es una línea que muchos consideran que no se puede cruzar.