Cuando el Estado decide que la cultura puede esperar.
Hay una frase que suele aparecer cada vez que un gobierno anuncia recortes presupuestarios: «Hay que hacer más con menos». Es una expresión cómoda, políticamente correcta y aparentemente responsable. Sin embargo, cuando esa lógica se instala en el ámbito de la cultura, deja de ser una simple consigna de eficiencia para transformarse en una declaración de prioridades.
Eso es exactamente lo que ocurre con el rediseño de los Fondos Cultura 2027 anunciado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
El ministro Francisco Undurraga sostiene que la reforma busca que «cada recurso tenga el mayor impacto posible» y que el objetivo no es cuánto se invierte, sino cómo se distribuyen mejor los recursos. Suena razonable. El problema es que esa explicación convive con un dato imposible de relativizar: los fondos destinados a la creación artística sufrirán reducciones que, en algunas áreas, alcanzan hasta un 64%.
No existe innovación administrativa capaz de compensar semejante caída.
El Fondo Audiovisual pasará de $540 millones a apenas $192 millones. El Fondo del Libro y la Lectura disminuirá de $293 millones a $128 millones. El Fondart Regional perderá cerca de $500 millones de su presupuesto. Son cifras que no hablan de optimización. Hablan de un Estado que decidió retirar parte importante de su respaldo económico al sector cultural.
Y eso tiene consecuencias.
Durante años se ha repetido que Chile necesita fortalecer sus industrias creativas. Que la cultura genera empleo, turismo, identidad, desarrollo territorial e incluso crecimiento económico. Que los artistas deben profesionalizarse, internacionalizarse y competir en un mercado global. Pero cuando llega el momento de respaldar ese discurso con presupuesto, la cultura vuelve a ocupar el lugar de siempre: el de un gasto prescindible.
Resulta difícil no advertir la contradicción.
El propio ministerio anuncia nuevas líneas para fomentar jóvenes talentos, impulsar barrios creativos, incorporar tecnologías digitales, promover contenidos para niños y adolescentes e incentivar nuevos formatos audiovisuales. Todas son iniciativas valiosas. Nadie podría estar en contra de ampliar el acceso o modernizar las políticas culturales.
Pero hay una pregunta que el anuncio evita responder.
¿Cómo se financian más objetivos con mucho menos dinero?
También preocupa la nueva restricción que impedirá que muchos proyectos beneficiados durante 2026 vuelvan a postular a determinadas líneas en 2027. La intención parece ser democratizar el acceso y evitar la concentración de recursos. Es un objetivo legítimo. Sin embargo, también instala una lógica peligrosa: asumir que el éxito de un proyecto es suficiente para garantizar su continuidad.
¿Qué lugar ocupa realmente la cultura dentro del proyecto de país que este Gobierno dice impulsar?
Porque los presupuestos hablan con más honestidad que los discursos.
Después nos preguntaremos por qué el ecosistema cultural sigue siendo frágil.
