El proyecto presentado por el Gobierno de José Antonio Kast deja $49 mil millones menos para el Ministerio de las Culturas. Libro, audiovisual, artes escénicas, música, patrimonio y acceso cultural enfrentan importantes reducciones. Pero tan preocupante como las cifras ha sido la señal política detrás del ajuste: mientras el sector advierte sobre el impacto que tendrá en trabajadores y proyectos, el ministro Francisco Undurraga responde que “cuando un abogado pierde el trabajo, no va al Ministerio de Justicia a pedir pega”.
La cultura vuelve a quedar al final de la fila.
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Gobierno contempla $440.518 millones para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, frente a una base comparable de $489.899 millones durante 2026. Son $49.381 millones menos, equivalentes a una disminución oficial del 10,1%.
Cultura pierde más de $49 mil millones en un año.
Y detrás de ese número no hay una abstracción presupuestaria. Hay libros que dejarán de financiarse, películas que tendrán más dificultades para producirse, compañías que competirán por menos recursos, proyectos musicales que quedarán fuera, infraestructura cultural postergada y organizaciones que deberán sobrevivir en un ecosistema todavía más precario.
Recortar cultura también es tomar una decisión política
El bloque de Actividades Programáticas de las Culturas y las Artes cae desde $229.449 millones hasta $200.642 millones, una reducción del 12,6%.
Uno de los casos más drásticos es el Pase Cultural, que pasa de $6.101 millones a solo $3.000 millones: 50,8% menos. El instrumento será reformulado como un aporte único de $75 mil dirigido aproximadamente a 40 mil familias.
También se golpea fuertemente la inversión. Las iniciativas de inversión cultural caen un 64,8%, de $22.840 millones a $8.039 millones, mientras la inversión patrimonial retrocede un 16,2%. El Fondo del Patrimonio disminuye 45,3% y el programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas registra una caída de 57,9%.
No estamos hablando únicamente de festivales, conciertos o exposiciones. Estamos hablando de bibliotecas, museos, patrimonio, acceso ciudadano, infraestructura y espacios donde la cultura efectivamente ocurre.
Decir que se trata simplemente de “ajustar” una partida es reducir el debate a una planilla Excel.
Libro, audiovisual, artes escénicas y música: hacer más con menos
Otra lectura del proyecto, comparando las asignaciones presupuestarias de los distintos fondos entre 2026 y 2027, muestra que los fondos de fomento cultural pasan en conjunto de $85.430 millones a $74.453 millones, una caída de 12,9%.
El Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura pasa desde $13.323 millones a $10.416 millones, una disminución del 21,8% bajo esa metodología de comparación.
El fondo de Artes Escénicas baja desde $12.895 millones a $10.431 millones, un 19,1%.
El Fondo de Fomento Audiovisual disminuye desde $30.000 millones hasta $25.127 millones, equivalente a un 16,2%.
Y el Fondo de la Música pasa de $10.918 millones a $10.052 millones: 7,9% menos.
Fondart registra una variación bastante menor, pasando de $18.293 millones a $18.124 millones (-0,9%), mientras el proyecto incorpora una nueva asignación de $303 millones para el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía.
Las cifras pueden variar dependiendo de la base presupuestaria utilizada (y es importante transparentarlo), pero la dirección general es inequívoca: el Estado pretende que buena parte del ecosistema cultural funcione durante 2027 con menos recursos.
“Cuando un abogado pierde el trabajo…”
Y entonces aparece quizás el episodio que mejor resume el problema.
Mientras artistas, organizaciones y distintos sectores culturales intentan comprender cómo absorber una reducción de esta magnitud, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, salió a defender la propuesta.
“Presentamos un presupuesto ajustado, pero creemos que va en la línea correcta”, afirmó.
Pero fue otra frase la que encendió las alarmas.
“Cuando un abogado pierde el trabajo, no va al Ministerio de Justicia a pedir pega”.
La comparación fue utilizada por Undurraga al argumentar que el desarrollo de sectores como el audiovisual no puede depender exclusivamente del denominado “Estado protector”, planteando que sus protagonistas también deben desenvolverse como emprendedores.
El problema es que la frase parte de una premisa equivocada.
Los fondos culturales no son oficinas de empleo para artistas desempleados.
Un músico no postula a un Fondo de la Música para recibir un sueldo porque no encontró trabajo. Una editorial no postula al Fondo del Libro porque necesita resolver su planilla de remuneraciones. Un director no recurre al Fondo Audiovisual para que el Estado “cumpla su sueño”.
Los fondos públicos existen para financiar creación, circulación, producción, acceso, patrimonio y desarrollo de industrias que generan actividad económica, empleo y bienes culturales para toda la sociedad.
Confundir política cultural con asistencia laboral no es solo una mala comparación: revela una preocupante forma de entender el rol del Estado en Cultura.
Siguiendo la misma lógica, habría que preguntarse si financiar investigación científica significa que un científico fue a “pedir pega” al Ministerio de Ciencia, o si apoyar una película chilena equivale a pagar el sueño personal de su director.
Evidentemente no.
Existe además una desconexión particularmente incómoda detrás de la invitación a que los artistas sean “emprendedores”.
Porque llevan décadas siéndolo.
El músico independiente financia grabaciones, paga salas de ensayo, distribución, músicos, técnicos, diseño, videoclips, publicidad y transporte. Vende entradas. Negocia con salas. Produce conciertos. Lleva sus redes sociales. Emite boletas. Presenta proyectos. Busca auspicios. Postula a fondos. Trabaja muchas veces sin contrato y, frecuentemente, financia su carrera con otra profesión paralela.
El problema es que se ha normalizado que quienes producen cultura asuman casi todo el riesgo económico de producirla.
Y pedirles ahora que enfrenten un ecosistema con todavía menos financiamiento público, presentándolo como una oportunidad para desarrollar creatividad empresarial, resulta por lo menos paradójico.
